La inteligencia artificial (IA) es una tecnología disruptiva en plena expansión, con un gran potencial para ayudar a superar muchos de los desafíos a los que se enfrenta la sociedad actual. Su desarrollo y utilización en las condiciones adecuadas no solo puede contribuír a mejorar la gestión de la administración pública y los servicios que brinda el estado. Sino que puede convertirse en un aliado para el desarrollo económico y social de la población.

La inteligencia artificial (IA)  se perfecciona a medida que avanza y que soporta y complementa otras tecnologías, dando lugar a un amplio espectro de aplicaciones e innovaciones. Se reconoce en ella un gran potencial para alterar las dinámicas sociales y económicas actuales, resolver o, por el contrario, agudizar muchos de los grandes desafíos
ambientales, sociales y económicos de nuestro tiempo.

La difusión, desarrollo y uso creciente de la IA han sido posibles, principalmente, gracias a los enormes volúmenes de datos disponibles, las técnicas analíticas y una capacidad computacional suficiente para procesarlos. De manera particular se destaca la madurez alcanzada por una de sus subcategorías, el denominado aprendizaje de máquina o aprendizaje automático (machine learning).  Este tipo de IA se apoya en los recursos de computación en la nube y el auge de la economía digital, que incluye nuevas plataformas y mercados para productos basados en datos, así como incentivos económicos para el desarrollo de nuevos productos y mercados (Stone et al., 2016).

Si bien los análisis y consideraciones sobre el potencial de esta tecnología se han centrado principalmente en el sector privado, el reconocimiento de las entidades públicas como usuarias de la IA ha venido en aumento. Este incremento ha estado impulsado no solo por la complejidad creciente de las demandas sociales o por el trabajo de investigadores y de organismos internacionales, sino también por los mismos gobiernos que, como se muestra en el presente informe, han venido incorporando la IA para fortalecer su desempeño en diferentes frentes.

Explorar los beneficios que puede obtener el sector público en este sentido implica la comprensión de ciertos aspectos técnicos. Ese conocimiento permite a los funcionarios, por ejemplo, elegir los métodos o modelos que mejor se ajustan a situaciones específicas o incluso orientar la adquisición de soluciones ya disponibles en el mercado.

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Qué son los datos

Los datos, del latín datum, que significa lo que se da o sucede, son cifras o hechos sencillos, discretos y objetivos que representan eventos que ocurren, se estructuran, capturan, cuantifican y transfieren con facilidad (Davenport y Prusak, 2000). Estos hechos, de acuerdo con el contexto, son presentados de tal forma que puedan ser comprendidos, interpretados y comunicados por un ser humano o procesados por una máquina para servir de antecedente en la obtención de una conclusión (Guillén et al., 2015; ODLIS, 2020). Aunque los datos describen solo una parte de lo que sucede, sin ningún juicio o interpretación, son un recurso de gran relevancia que, cuando
se combinan con tecnologías digitales, generan oportunidades para promover cambios sociales, políticos y económicos (Nugroho et al., 2015).

Actualmente, el volumen de recolección y uso de datos aumenta de forma acelerada como resultado de la proliferación de dispositivos, sensores y servicios utilizados por personas, organizaciones y gobiernos. A raíz de este aumento, cada vez más organizaciones reconocen en ellos un activo estratégico que puede utilizarse de forma eficaz para tomar decisiones más efectivas, operar de manera más eficiente, priorizar objetivos, crear productos o evaluar riesgos y procesos (Zafar et al., 2017).

Se ha reconocido el potencial de los datos, tanto de fuentes internas como externas, para tomar decisiones basadas en la evidencia, impulsar su eficiencia y prestar mejores y nuevos servicios

Cabe mencionar además que, a partir de las políticas de acceso a la información pública y la adopción del enfoque de gobierno abierto, se ha impulsado la publicación de datos públicos como una estrategia para mejorar la rendición de cuentas, aumentar la participación ciudadana y facilitar su uso por parte de diferentes actores (ciudadanos, organizaciones y entidades públicas) con el fin de generar ideas, conocimiento y servicios (CEPAL, 2018a)

Reconocer el valor de los datos dependerá del modo en que cada entidad reconozca las oportunidades generadas a partir de ellos.

Tomado de: Experiencia_Datos e Inteligencia Artificial en el sector público.pdf

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Reproducido por Esperanza Herrera

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